Hace 27 años, el 16 de febrero de 1989, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), anunció un conjunto de medidas neoliberales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que sumieron al pueblo en la pobreza y ocasionaron un estallido social.
Entre las principales medidas del llamado “Paquetazo Económico” estaba la de recurrir al FMI y al Banco Mundial (BM), para que el país recibiera un préstamo por 4.500 millones de dólares en los tres próximos años, pero no sin antes aplicar ciertas condiciones: liberación de tasas de interés activas y pasivas, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial, liberación de los precios de todos los productos, regulación de 18 productos de la cesta básica, incremento de las tarifas de servicios públicos, aumento de 100% del precio de la gasolina y el aumento inicial de las tarifas del transporte público en 30%.
Pérez justificó las medidas argumentando que tenían como finalidad “rescatar” el desarrollo y el bienestar de todos los venezolanos.
“Agotamos nuestras reservas, pero no vamos a solicitar esos recursos con actitud implorante, sino como ejercicio de responsabilidad. Consideramos un deber del FMI colaborar con Venezuela en esta hora difícil. Hemos ido (al FMI) después de largos estudios que realizamos en Venezuela con verdaderos hombres capaces de comprender los fenómenos de nuestra economía”, fue parte del discurso que utilizó para presentar su plan de “austeridad”, el hombre que ganó el 4 de diciembre de 1988 por ser “la fuerza de la esperanza”.
El engaño de CAP
Luego de obtener la victoria en las elecciones del 4 de diciembre de 1988 con 53% de los votos, el dirigente adeco intentó implementar medidas estructurales para desarrollar en el país un modelo de libre mercado basado en los principios de la doctrina neoliberal.
La imagen de Pérez, como oferta electoral era la del presidente del “milagro económico” para apalancar la lucha contra la pobreza.
Durante su campaña de “El Gocho pal’ 88” prometió regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como la “Venezuela Saudita” por el flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.
Aunque había asegurado al país que “no pueden haber ajustes en lo económico, cuyos efectos solo se sientan en los grupos de menores ingresos” y que el FMI no impondría condiciones a Venezuela; la situación del país había ido empeorando paulatinamente con la baja de los precios del petróleo, la devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación y deuda externa.
Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7.376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus reservas internacionales, excluyendo el oro, que en buena parte había sido enviado a Inglaterra con el pretexto de abonarle recursos a la reserva.
Aunado a ello, el déficit público en 1988 alcanza los 60.000 millones de dólares, equivalente a 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
No obstante, contradictoriamente a su promesa electoral, las políticas implementadas por el mandatario adeco incluyeron la liberación de los tipos de cambio, la disminución progresiva de la protección de las industrias, la desregulación de los precios, la disminución (hasta llegar a la reducción) de los subsidios, así como la privatización de las empresas públicas, bajo medidas de corte neoliberal a favor de la disminución de las competencias del Estado.
Para poder acceder al préstamo del FMI que contemplaba un monto de 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años, y de otros 21.000 millones para los próximos 7 años, CAP debió aplicar el “paquetazo” con el que liberó la tasa de cambio del bolívar, para que “dejara de ser un gran mecanismo de subsidio que había permitido, hasta ese momento, que el pueblo venezolano viviera como no podía, es decir, muy por encima de sus posibilidades”, dijo Pérez quien anunció la racionalización y eliminación progresiva de aranceles a la importación, la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, con lo cual muchas familias perdieron sus casas que aún terminaban de pagar a crédito.
“En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista”, refiere el texto 27- F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo.
La mayoría de las medidas del paquete de Pérez, llamado por sus asesores como el “Gran Viraje”, eran de aplicación inmediata, entre ellas el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró el 26 de febrero de 1989 un alza promedio de 94%, generando además, un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano.
Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas.
El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.
Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el Área Metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.
“El FMI encendió las calles de Caracas”; “Violencia en todo el país” y “Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha”, eran los principales titulares de la prensa que reseñaba el estallido social, que constituyó la reacción de un pueblo defraudado, abandonado por el Estado y condenado a la pobreza.
Aunque las cifras oficiales revelan que la represión durante el estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989 dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 fallecidos.
Pueblo golpeado ante la crisis
La rebelión popular de hace 27 años constituyó la respuesta de un pueblo golpeado por la profunda crisis generada por la aplicación de políticas neoliberales.
A principios de 1989, la pobreza en la cual vivían cinco de cada diez hogares venezolanos se recrudeció por los recortes aplicados por Pérez en los recursos destinados a atender las necesidades del pueblo. Así, la cifra de “gasto” social, como era concebido en la IV República, bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación se redujo de 12.005 millones de bolívares en 1988 a 10.635 millones en 1989. Los recursos para la salud descendieron de 5.599 millones de bolívares en 1988 a 4.311 millones en 1989.
“El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no solo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social”, señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que solo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción. Para el período 1990-1992 el índice de subnutrición se ubicó en 13,5%.
Modelo de justicia e inclusión
Con la llegada del Comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999 se dio inicio al desarrollo de una profunda revolución política, económica y social, y de un nuevo modelo de país con justicia e inclusión social.
La inversión social entre 1999 y 2015 supera los 650 mil millones de dólares, y el Estado ha destinado 60% de sus ingresos a impulsar programas y misiones que permitan atender y satisfacer las necesidades de la población.
En los primeros 15 años de Revolución Bolivariana, la pobreza en el país se redujo de 49% a 19%, mientras que la pobreza extrema bajó de 21% a 5,5%.
Venezuela pasó de un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de nivel medio a un IDH alto, que la ubica como uno de los países con menor desigualdad de América Latina.
Este modelo de país ha sido posible con la protección del salario, la garantía de seguridad alimentaria y la educación gratuita. Además de programas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha entregado más un millón 4 mil hogares dignos, desde 2011 hasta la fecha.
Derecha quiere otro paquetazo
La inversión social ha sido prioridad del proceso revolucionario, frente a las dificultades y continuas maniobras desestabilizadoras orquestadas por actores del imperialismo para derrocar al Gobierno Bolivariano y restaurar el neoliberalismo.
Ante la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de la baja de más 70% en los precios del petróleo, y de los efectos de una guerra no convencional perpetrada por la derecha, y que incluye el ataque a la moneda, el bloqueo financiero, y prácticas de acaparamiento, contrabando de extracción, desabastecimiento e inflación inducida, el presidente de la República ha reafirmado la voluntad y compromiso del Gobierno Bolivariano de mantener la inversión social, para atender las necesidades y garantizar la protección de las familias venezolanas.
Sin embargo, el jefe de Estado también ha denunciado en repetidas oportunidades que actores políticos y grandes empresarios de la derecha venezolana planifican con financiamiento del FMI aplicar un nuevo paquetazo en el país, que apunta a la aplicación de privatizaciones, liberación de precios y recortes a programas sociales.
Incluso, los partidos políticos de la derecha que hoy cuentan con una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional (AN), han dejado escapar en sus pocas menciones a posibles acciones económicas, la aplicación de políticas neoliberales que llevarían al pueblo al mismo estado de miseria que en 1989.
T/CIUDAD CCS
